Toluca, Méx.- Para salvaguardar la seguridad de los mexiquenses de la zona de los volcanes la 60 Legislatura mexiquense aprobó el punto de acuerdo propuesto por la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández para exhortar a autoridades estatales y municipales a emprender acciones preventivas relacionadas con la actividad del Popocatépetl.
El punto de acuerdo exhorta al titular del Ejecutivo estatal, a las secretarías de Comunicaciones y de Obras Públicas, la Coordinación General de Protección Civil, a través de la Secretaría General de Gobierno, a que informen a la Legislatura la situación de la infraestructura vial y rutas de evacuación.
Solicitan garantizar el óptimo estado de las rutas y vías de evacuación y albergues temporales; se actualice el Plan Operativo Popocatépetl.
La Legislatura también pide a los alcaldes de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tepetlixpa, Tenango del Aire, Tlalmanalco y Valle de Chalco que, en coordinación con las autoridades estatales, se lleve a cabo un plan de difusión claro y eficiente, con el fin de que los habitantes cuenten con la información precisa de las acciones que deben llevar a cabo en caso de contingencia por la actividad volcánica del Popocatépetl.
La diputada de Morena criticó que pese a que desde septiembre de 2018 la Universidad Nacional Autónoma de México informó sobre la creciente actividad del volcán, solo hay monitoreo sin operaciones reales que permitan a entidades y municipios estar preparados para una contingencia mayor.
“Pese a que desde el año pasado se sabe sobre esta actividad creciente, actualmente existe una descoordinación entre los presidentes municipales y las autoridades responsables de hacer llegar la información; no existe capacitación y los albergues podrían resultar insuficientes, si es que se encuentran en óptimas condiciones para la situación por la que se atraviesa, además de que la estructura de comunicaciones es deplorable, ya que los municipios más cercanos carecen de vías de evacuación”, explicó.
Al recordar que el volcán es catalogado como el más peligroso no solo del país, sino de América Latina, y que se calcula que aproximadamente 25 millones de personas habitan a menos de 100 kilómetros de distancia en los estados de México, Puebla y Tlaxcala, además de la Ciudad de México, y que en un radio de 70 kilómetros viven 15 millones de personas en 4.5 millones de viviendas, cuestionó si el gobierno estatal está preparado para una catástrofe.
Burgos Hernández dijo que las señalizaciones, medios de transporte para la movilización de los habitantes y la infraestructura en comunicaciones no están en óptimas condiciones; de acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Civil existen 40 ambulancias con 140 paramédicos capacitados para todos los municipios de la región y la mayoría de albergues no están habilitados.
“No podemos darles la espalda a millones de personas que se encuentran en riesgo inminente de perder su patrimonio, su integridad… ¡lo más preciado que tienen!”, dijo.
Con la Alerta Amarilla Fase 3 en la que se encuentra la actividad del volcán es obligación de las autoridades el monitoreo y estar preparados para una posible evacuación, situación que no se cumple.
