Chimalhuacán, Estado de México.-No hubo “desfalco al erario público”, como asegura un boletín enviado a medios, lo cual se comprobará durante el proceso legal.
En diversos medios de comunicación aparecieron notas que hacen referencia al embargo de tres inmuebles presuntamente propiedad de ex funcionarios del municipio de Chimalhuacán.
La licenciada Yesenia Vargas Peña, representante legal de Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinosa, ex funcionarios del Ayuntamiento 2016-2018, informó que sus representados no fueron notificados personalmente del proceso resarcitorio, como lo marca la ley, por “un desvío de más de 18 millones de pesos detectados tras una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)”.
Es una irregularidad que los acusados se hayan enterado de dicho proceso resarcitorio el mismo día en que el Ayuntamiento de Chimalhuacán realizó las notificaciones y puso sellos de embargo en domicilios que no son propiedad de los ex funcionarios, por lo cual procedieron a solicitar amparos ante la justicia federal.
La representante legal también denunció que el jurídico del Ayuntamiento de Chimalhuacán 2022-2024 incurre en graves irregularidades al embargar muebles e inmuebles que no son propiedad de los ahora acusados.
El procedimiento resarcitorio en contra de Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinosa está en proceso, el cual no ha concluido y, por tanto, aún no se pueden sacar conclusiones, por lo que los ex funcionarios tienen todo el derecho a defenderse, aunque también la obligación de cumplir con la ley.
Por otro lado, los propietarios de los inmuebles embargados, señalaron su inconformidad por la agresión de la que son objeto, “la administración actual no investigó de quienes son las propiedades, simplemente llegaron con la fuerza pública y pusieron los sellos en mi propiedad. Por eso, hoy acudí a la oficina de la tesorera y del notificador, para comprobar que es mi casa y aun así llegaron y colocaron los sellos. Eso es un daño moral a mi familia y un perjuicio a mi propiedad”, señaló la señora Erandi Melgar Huerta, dueña de uno de los inmuebles embargados.
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